Rafael
Montoto Llera. (Oviedo 2016)
No
importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un
buen gato.
(Deng
Xiaoping)
En España,
desde la Transición de 1975, se han practicado dos formas distintas de
gobierno: la liberal, representada por el P.P. y la socialdemócrata del
P.S.O.E.
El
liberalismo es una doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas
individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida
económica, social y cultural. Tiene por seña de identidad el deseo de que sea
el libre mercado quien dicte las normas económicas y sociales de un país. Por
su parte, la socialdemocracia incorpora la justicia social como planteamiento
político.
Liberales y
antiliberales ya se mostraban de acuerdo en el siglo XIX en las premisas de la
acción económica, aunque discrepasen de las consecuencias éticas imputables a
las mismas. Para unos el egoísmo individual favorecía el bien común, cuyo
crecimiento compensaba la existencia de una minoría expulsada del mercado por
su ineficiencia o la mala suerte. Para los otros este egoísmo individual solo
podría generar una sociedad desestructurada y gravemente amenazada por la
ruptura de los lazos de solidaridad.
Pese a las
buenas intenciones de ambos, lo cierto es que hasta ahora,(2016), no han podido
hacer frente a la gran crisis económica de 2008 y eso ha sido porque tanto el
liberalismo como la socialdemocracia tienen diversas carencias que se
manifiestan precisamente en los momentos de crisis:
ERRRORES DEL LIBERALISMO
Su primer y
principal error es basar su pensamiento en el libre mercado, dado que éste ni
existe ni puede existir.
El mercado,
en el pensamiento liberal, se entiende como un lugar donde todas las personas
pueden ofrecer sus productos o comprar aquellos que deseen en igualdad de
oportunidades. Los agentes de este mercado venden lo que producen, y serán
tenderos-artesanos, o venden lo que otros han producido, y pertenecen desde ese
mismo momento a la escala de los comerciantes. Las tiendas y los mercados
suponen la base de la economía de mercado, pero existe otro registro superior
compuesto por las Ferias y las Bolsas, dominadas por los grandes mercaderes que
se denominan negociantes y que apenas se ocupan del comercio detallista.
Existen dos
tipos de economía de mercado:
1.
El que incluye
los intercambios cotidianos del mercado, la distribución local o a corta
distancia con la condición de que su tráfico sea regular, previsible, rutinario
y abierto tanto a los pequeños como a los grandes comerciantes. El mercado de
un pueblo podría constituir un buen ejemplo de estos intercambios carentes de
sorpresas, transparentes, cuyos pormenores conoce todo el mundo de antemano y
cuyos beneficios, siempre moderados, podemos calcular aproximadamente.
2.
Algunos
comerciantes van a buscar a los productores a sus propias casas. Incluso les
compran sus productos por adelantado: la madera meses antes de que se corten
los árboles o el trigo cuando está naciendo. Después encauzarán sus compras
hacia las grandes ciudades o hacia los puertos exportadores. Este tipo de
intercambio sustituye las condiciones normales del mercado por transacciones
individuales cuyos términos varían arbitrariamente según sea la situación
respectiva de los interesados. Es evidente que se trata de intercambios
desiguales en los que la competencia, esencial en la economía de mercado, no
desempeña apenas ningún papel y en las que el mercader, que es quien dispone de
dinero en efectivo, rompe las relaciones entre el productor y el consumidor de
la mercancía puesto que es el único que conoce las condiciones del mercado a
ambos extremos de la cadena y, por tanto, el beneficio contable.
De estos
grandes beneficios se derivan considerables acumulaciones de capital puesto que
el comercio a larga distancia se reparte entre unas pocas manos. No entra
cualquiera en él. Cuentan con la superioridad de la información, de la
inteligencia y de la cultura. Y se apoderan de lo que consideran oportuno: las
tierras y los edificios. Tienen a su disposición los oligopolios y cuentan con
el poder suficiente para anular a la competencia en el 90% de los casos. Finalmente,
gracias a sus capitales, pueden los capitalistas mantener sus privilegios y
reservarse los grandes negocios internacionales de su tiempo comprando la
voluntad de los políticos que se dejen corromper.
ERRORES DE LA SOCIALDEMOCRACIA
Por su
parte los socialdemócratas han convencido a la población de que el Estado está
obligado a asegurarles un cierto nivel de bienestar material.
El principio
de que aun los más pobres deben tener algo con qué contar, se ha cambiado por
otro muy distinto: que toda ampliación del Estado de Bienestar para las masas
es una demostración de progreso.
La ayuda a
las masas organizada por el Estado debiera ser un recurso temporal. Este
recurso fue necesario mientras los obreros de las fábricas fueran demasiado
pobres en su mayoría para ayudarse solos, estuvieran demasiado paralizados por su
situación proletaria para ser previsores y demasiado desligados de la antigua
estructura social para contar con la solidaridad y ayuda de comunidad familiar.
Y se olvida
que debemos medir el progreso por el grado en que se puede esperar que las
grandes masas del pueblo se mantengan con sus propios recursos y bajo su propia
responsabilidad, mediante el ahorro y el seguro, y las múltiples formas de
ayuda voluntaria de grupo. Esto únicamente es lo que cabe, en último término, a
hombres libres y maduros: ellos no deben recurrir constantemente al Estado en
busca de una ayuda que, al final, sólo se podrá sacar del bolsillo de los
contribuyentes
Otro cambio
muy característico se ha producido en el campo igualmente importante de la
educación. El principio debe ser ayudar con becas a los jóvenes dotados, pero,
en cuanto a los demás, deben ser sus padres quienes contribuyan a la educación
superior de sus hijos, en cambio se ha reemplazado por el ideal de un sistema
de educación público y uniforme, gratuito a todos los niveles.
Como último
ejemplo importante tomemos el caso de los servicios médicos. Otra vez se puede
trazar claramente el camino que va de la política social de estilo antiguo al
moderno Estado Benefactor. El principio original, según el cual los más débiles
económicamente debían verse liberados del riesgo de operaciones costosas o de
enfermedades prolongadas, ha ido cambiando, en nuestra generación, a una cosa
enteramente distinta, llegando a financiar las operaciones de cirugía estética
o, incluso, las operaciones de cambio de sexo.
No se puede
decir que el carácter moralmente poco edificante de una política que desviste a
un santo para vestir a otro sea de inmediato evidente. Pero degenera en un
sistema absurdo de bombeo de dinero en dos direcciones, cuando el Estado le
roba a casi todo el mundo y le paga a casi todo el mundo, de tal modo que al
final nadie, salvo los grupos de presión, sabe si en el juego ha ganado o ha
perdido.
Es cierto
que las personas no siempre se dan cuenta de que cuando recurren al Estado para
satisfacer sus deseos, sus reclamaciones se pueden cumplir sólo a expensas de
los demás. Un derecho a dinero del Estado es siempre un derecho indirecto al
dinero de otra persona, cuyos impuestos contribuyen a la suma que se exige: es
una simple transferencia de poder comprador por intermedio del Estado y de sus
poderes obligatorios.
En cambio no
es cierta la pretensión de que Estado sea un instrumento de igualdad. Si bien
es cierto que procura la igualdad en cierto sentido, no lo hace en el sentido
decisivo. La redistribución continua y obligatoria del ingreso impulsa
indudablemente la igualdad material. Pero esta política acarrea inevitablemente
una creciente concentración del poder en manos de la administración que dirige
el flujo de ingreso y esto significa una creciente desigualdad en la
distribución del poder. Y nadie puede negar que la distribución del poder es
incomparablemente más importante que la distribución de bienes materiales,
puesto que el primero es decisivo para la libertad o falta de libertad de los
hombres.
EN RESUMEN
Las
ideologías clásicas, liberalismo y socialismo, enjuician todo desde el punto de
vista de la productividad material, haciendo de lo económico la base de todos
sus cálculos,. Así, no resulta extraño que haya gentes, especialmente entre los
economistas profesionales, que crean que la finalidad de la actividad económica
es cuadrar los balances de la economía nacional o lograr que se incrementen los
índices estadísticos, representados uno y otros por una colección de siglas en
las que se debe profesar una fe ciega.
El
economicismo reduce la Economía Política a un asunto macroeconómico, induciendo
a considerar el problema de la estabilidad económica bajo el aspecto del pleno
empleo asegurado con auxilio del crecimiento del crédito y con medidas de tipo
fiscal, olvidando que tan importante como pueda ser el equilibrio de las
magnitudes totales de la economía, es la estabilidad de la existencia del
individuo.
Para
disminuir el poder capitalista representado por los oligopolios que no
representan al libre mercado es preciso fomentar la verdadera competencia y
olvidar aquellas leyes que con esta supuesta finalidad se han aprobado y que
suponen, en la realidad, un considerable freno a la misma. Estamos hablando de
la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico con la que se pretendía liberalizar la
producción, el transporte y la distribución de la electricidad aunque casi
veinte años después el sector sigue dominado por el oligopolio, o el Plan para
la liberación total de las telecomunicaciones en España que ponía fin al
monopolio de Telefónica para dejar paso al oligopolio actual, o la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, que daba por concluido el
monopolio de Repsol en un sector ahora dominado por los oligopolios o las
distintas moratorias aprobadas por todo el país a la instalación de nuevas
Grandes Superficies, supuestamente para proteger al pequeño comercio pero que
en realidad han dejado el sector nacional de la distribución en manos de seis
empresas.
De otro
lado ha quedado claro que si se quiere mantener el Estado de Bienestar, es
preciso aumentar la tributación para impulsar la redistribución del ingreso a
todo nivel y hay que recurrir, incluso, a los grupos de ingresos más bajos para
que ayuden a financiar el sistema. La carga de los servicios sociales masivos
que impone el Estado ya no la pueden sostener solo los más ricos, y deben
compartirla las mismas masas cuyos intereses se supone que deben servir. Esto
quiere decir, en gran medida, que el dinero se saca del bolsillo derecho de la
gente y se mete en el izquierdo, pasando por Hacienda y las inmensas pérdidas que
por el camino se generan.
Por eso la
pérdida de poder comprador de los más favorecidos no se compensa con una
ganancia por parte de los grupos de ingresos más bajos. El beneficio pasa no a
las masas sino al Estado, el cual crece en poder y en influencia. Al mismo
tiempo, se impulsa fuertemente el absolutismo estatal moderno, con su
centralización de las decisiones relativas a asuntos importantísimos, como son
la formación de capital, la inversión, la educación, la investigación científica,
el arte y la política.
Casi nada
se hace ya de manera altruista, porque pocos pueden darse ese lujo: el sentido
cívico y el espíritu público se transforman arriba en enojo y abajo en envidia.
Estar
necesitado significa encontrarse en una situación, por cualesquiera razones, en
la cual carecemos de los medios de subsistencia y estamos incapacitados para
procurarlos con ingresos corrientes, porque estamos enfermos o en paro o en
quiebra, o porque somos demasiado jóvenes o demasiado viejos. Nos vemos libres
de esta necesidad solamente si podemos disponer de medios de una fuente
distinta de nuestra producción corriente. Hay, pues, que proveer para que
podamos consumir sin producir al mismo tiempo. El caso más simple y menos
problemático es aquel en que consumimos lo que hemos guardado de nuestra
producción anterior.
Un ejemplo
importante es el de poseer una casa, construida o adquirida en mejores tiempos,
que nos proporcionará el bien vital del abrigo también en los tiempos malos.
Pero aparte de eso, la costumbre de acumular bienes en prevención de tiempos de
necesidad no es lo habitual, ni en el individuo ni en la sociedad. No es, de
hecho, lo que ocurre en nuestra sociedad altamente diferenciada. Si hemos
guardado dinero y ahora lo usamos, no es lo mismo que si comemos el embutido y
el queso producidos anteriormente, que nos aguardan en algún almacén. Al
contrario, tales almacenes serían síntomas de graves perturbaciones en el flujo
de circulación de la economía.
El consumo
de nuestros ahorros significa normalmente que se nos mantiene con la producción
actual en virtud del derecho que tenemos a ella por haberlo adquirido con
nuestro esfuerzo productivo anterior, certificado por la sociedad por medio del
dinero. En otras palabras, en tiempos de necesidad vivimos consumiendo lo que
otro produce y no consume.
Las
emergencias se pueden suplir ya sea con la providencia del propio individuo o
bien con ayuda extraña. Es providencia propia si yo, con mi propio esfuerzo y
bajo mi propia responsabilidad, he hecho provisión para las vicisitudes de la
vida por medio del ahorro o del seguro; es ayuda extraña si yo traspaso esta
carga a otros. La ayuda extraña puede ser voluntaria; puedo, por ejemplo, pedir
prestado o aceptar la caridad, o el apoyo de mi familia, o de algún otro grupo,
el cual, a su vez, cuenta conmigo cuando algún otro miembro necesita ayuda. En
caso contrario, es obligatoria, y como esta obligación no sería de otro modo
necesaria, se la considera una carga impuesta por el poder del Estado. Esto se
expresa bien en el nombre mismo de "cargas sociales", las que, en la
práctica, no se distinguen de la carga tributaria.
Cada vez
nos alejamos más de la regla según la cual las personas que pueden mantenerse
en otros aspectos deben tener previsto en su presupuesto familiar lo necesario
para la salud y contar, si lo desean, con un seguro para los riesgos de lo
imprevisible. Tal principio es algo normal y adecuado para una economía de
mercado. La situación a la que ha llegado la sanidad pública, sugiere con
urgencia que debemos recordar este principio. El seguro obligatorio debe
limitarse a aquellas clases para las cuales el riesgo de enfermedad constituye
una carga onerosa y que no se prestan fácilmente al seguro voluntario; y
debemos estimular todas las formas de asistencia descentralizada posibles.
Esto
significa que la asistencia sanitaria básica debe ser financiada con el recurso
a los Presupuestos Generales del Estado y quien desee una mayor cobertura debe
contratar un seguro, que puede ser con el propio Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD), con carácter voluntario en vez de las cotizaciones obligatorias que
actualmente satisfacen las empresas y los trabajadores.
La economía
verdaderamente humana es aquella que va más allá de la oferta y la demanda,
pues el hombre no solo vive del número de televisores o teléfonos por familia.
La proletarización, que ya no es un asunto de salarios bajos y jornadas
extenuantes, ha convertido al hombre en un receptor de sueldos a los que es muy
fácil imponer una carga fiscal poniendo en peligro su actitud emocional. La
solución no puede consistir en la concesión radical de un salario a todos los
trabajadores, incluso a los parados, que no lo son en absoluto.
No podemos
hablar de progreso si aumentamos continuamente el número de personas a las que
hay que tratar como menores de edad y que han de permanecer bajo la tutela del
Estado. El progreso, por el contrario, es cuando las grandes masas del pueblo
cumplen la mayoría de edad en términos económicos, gracias a sus ingresos
crecientes, y se hacen responsables de ellas mismas, de manera que podamos
disminuir el Estado Benefactor en lugar de inflarlo más y más. Si la ayuda
organizada por el Estado es la muleta de una sociedad tullida por el
proletarismo y la masificación, entonces debemos dirigir todos nuestros
esfuerzos a tratar de manejarnos sin esa muleta. Este es el verdadero progreso,
desde cualquier punto de vista que se le mire. Se le puede medir por el grado
en que logremos ensanchar constantemente el campo de la previsión individual y
de grupos voluntarios a expensas de la previsión pública obligatoria. En igual
medida venceremos también la proletarización y la masificación, además del
peligro permanente de degradar al hombre a la condición de obediente animal
doméstico en los gigantescos establos del Estado, a los cuales nos arrean y
donde nos alimentan más o menos bien.
El camino
que debemos seguir está claramente trazado: no más Estado Benefactor sino
menos; no menos autoprovidencia y ayuda voluntaria sino más. No podemos, hoy en
día, prescindir de cierta cantidad de instituciones estatales obligatorias de
previsión social como son las pensiones de vejez, la sanidad pública, seguros
de accidentes, subsidios de paro, etc. Y tiene que haber cabida para todos
éstos en nuestro concepto de un sistema de previsión social sano en una
sociedad libre. No es el principio el que está en tela de juicio, sino el
alcance, la organización y el espíritu.
Se trata
del enfoque personal contra el colectivista, la libertad contra la
concentración del poder, la descentralización contra el centralismo, la
espontaneidad contra la organización, el criterio humano contra la técnica
social, la buena dirección responsable contra el hombre-masa irresponsable. No
se debe abusar del propósito de la providencia pública obligatoria mínima para
instituir un sistema general destinado a cuidar de todos los ciudadanos y una
organización de previsión social omnipresente. Menos aún debe tomarse el
problema de ayudar a los débiles y desvalidos como pretexto para nivelar todas
las diferencias de ingreso y riqueza. Esta ayuda debe ser subsidiaria
solamente, para suplir allí donde los recursos propios del individuo o la ayuda
voluntaria resulten insuficientes; no debe convertirse en la forma normal de
satisfacer la necesidad de previsión.
