«Pero el gobierno será un amo libremente elegido y que estará constantemente en jaque; un amo, por consiguiente, que no regulará la actividad de los súbditos sino en la medida indispensable al interés de todos en general y al de cada uno en particular»
El individuo contra el Estado. HERBERT SPENCER
LOS CIUDADANOS ESTÁN INDIGNADOS PORQUE LOS POLÍTICOS NO LES REPRESENTAN
Durante la campaña para las elecciones autonómicas de Mayo de 2011 la Plataforma ¡Democracia real YA! convocó una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid con el lema de “NO NOS REPRESENTAN”. El resultado de la misma fue un éxito que superaba con creces las expectativas de sus convocantes, de tal forma que se acabó convirtiendo en el Movimiento 15-M, así llamado por la fecha en que se celebró.
Sus participantes trataban de mostrar su indignación por la deriva política adoptada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con dos ideas-fuerza:
1. Si apoyan los recortes sociales, no nos representan.
2. Si rescatan a los Bancos, no nos representan.
Las prioridades de los manifestantes quedaban perfectamente recogidas en sus eslóganes algunos de los cuales eran los siguientes:
• No hay pan para tanto chorizo.
• No somos antisistema, el sistema es antinosotros.
• Más educación, menos corrupción.
• No nos falta dinero, nos sobran ladrones.
• Nos prometen riqueza, nos dan pobreza.
• Votar es elegir en secreto quién te robará públicamente.
• Pienso, luego me indigno.
• Ni cara A ni cara B. Queremos cambiar de disco.
• El miedo es la única frontera, traspasémosla.
• Es mejor luchar y perder que perder sin haber luchado.
Los medios de comunicación, siempre afectos al poder, reflejaron dicha manifestación con la idea de que “son cuatro perroflautas que se han juntado en la plaza a fumar porros”. La expresión “perroflauta” es un término despectivo que se aplica a las personas con aspecto descuidado. Viendo los videos de la citada manifestación en Youtube no se aprecia esta imagen de los allí convocados que aparecen como jóvenes de clase media bien vestidos, con el pelo bien cortado y correctamente afeitados pero el poder de los medios de comunicación tiene mucha fuerza en el subconsciente de las personas.
A la conclusión del evento se elaboró un Manifiesto que, entre otras cosas, decía:
La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno) así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan sólo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partitocrática encabezada por las inamovibles siglas del PPSOE.
El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso.
La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices.
Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo.
Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos.
Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser Humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy sólo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro.
EN UN SISTEMA DE PARTIDOS LAS LEYES SE HACEN POR CONSENSO
Más allá de las anécdotas, la respuesta a la pregunta de a quién representa el Parlamento español es muy clara y concisa: a los partidos políticos.
Hoy en día la democracia es, preferentemente, representativa: los ciudadanos escogen a una minoría para que les represente y actúe en defensa de su libertad dado que no quieren ni pueden hacerlo por ellos mismos porque no siempre tienen tiempo ni posibilidades.
En España este sistema representativo se encuentra regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que viene a decir lo siguiente:
• Solo pueden presentar candidatos a Diputados y Senadores los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores, éstas bajo estrictas condiciones.
• Las candidaturas al Congreso, las municipales y las insulares deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres y cada lista debe incluir tantos candidatos como cargos a elegir.
• En el territorio peninsular se eligen cuatro senadores por cada provincia y cada Comunidad Autónoma designa además un senador y otro más por cada millón de habitantes.
Aunque el artículo sesenta y dos de la Constitución confiere al Rey la responsabilidad de proponer un candidato a Presidente del Gobierno, es el Congreso de los Diputados quien debe otorgar su confianza al candidato propuesto, por lo que son los Diputados quienes otorgan legitimidad al Poder Ejecutivo. También les corresponde la censura y destitución del Gobierno, si así lo consideran oportuno.
Como bien decía Montesquieu “Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente”.
LOS PARTIDOS NO REPRESENTAN LAS IDEAS DE LOS CIUDADANOS
El sistema de representación basado en partidos políticos tiene la característica de invertir el proceso de identificación de la voluntad del ciudadano con la del partido político, siendo ésta la que determina aquella. No es cierto que exista una unidad ideológica entre aquellos que votan una opción política. Sería confundir los conceptos de representación y representatividad, la voluntad de los representados con la de los representantes.
El pretendiente a representar un colectivo determinado se limita a pedirle que se identifique con su propio interés y voluntad de acción. Los votos expresan la identificación de la voluntad del votante con la del votado y no a la inversa.
De las urnas sale una suma de votos de identificación con lo votado. La mayoría de voluntades representadas se identifica con la voluntad del representante y funda la representación política del colectivo, incluso la de los no votantes.
Las leyes en un sistema de partidos parlamentarios surgen por un consenso legislativo de los partidos estatales. En consecuencia las leyes no las promulga el Congreso, en procesos legislativos dirigidos y controlados por la propia Cámara, sino que le vienen impuestas por pactos entre partidos, lo que infringe la libertad política de la sociedad. La ausencia de representación de la sociedad civil en la elaboración de las leyes es consustancial al Estado de Partidos.
Si se pensara que las promesas electorales se hacen con la intención de no cumplirlas y que los electores son conscientes, se violando el espíritu democrático. Y si los electores conocen bien la falsedad de las propagandas electorales, eso no disculpa a los elegidos sino que culpa a los votantes como cómplices de que la acción representativa sea desleal a la representación otorgada o a la comunidad representada.
Este vicio de incongruencia desleal de los partidos estatales ha eliminado la idea de responsabilidad personal de los diputados de lista, ante los electores de siglas de partido, además de engendrar su deslegitimación original y ocasionar su corrupción sobrevenida.
NO HAY DEMOCRACIA INTERNA EN LOS PARTIDOS
El sistema atraviesa una crisis de legitimidad que tiene mucho que ver con el funcionamiento oligárquico de los partidos, cuyos programas políticos ya no son debatidos por sus militantes, han dejado de respetar la ideología que originó su creación y cuyas estrategias electorales se limitan a la competencia por la captación de votos con promesas que saben que no van a cumplir. Se han convertido en medios para ocupar cargos públicos y disfrutar de las prebendas de los mismos. La función de los partidos políticos debería ser únicamente la de favorecer la participación de los ciudadanos en la cosa pública. No la de nombrar jueces ni dirigir empresas.
Se ha roto la identificación entre electores y elegidos debido a varias causas:
1. En primer lugar, en muchas ocasiones los partidos políticos no son coherentes con su ideología o no cumplen después el programa electoral por el que fueron elegidos.
El Programa Electoral del PP con el que ganaron las Elecciones de 2011, titulado “Más sociedad, mejor gobierno” recogía algunas propuestas de gobierno que hoy, cuatro años después, nos pueden sonar a sarcásticas:
• Desde el año 2008 el incremento de la deuda pública española ha sido superior a los 300.000 millones de euros, un aumento de más de 17.500 euros por hogar. La deuda actual asciende a 700.000 millones de euros. Se trata de un incremento sin precedentes en toda nuestra historia que ha hecho a España perder confianza y crédito internacional. Durante los últimos años de la bonanza, el gobierno socialista ha utilizado ingresos públicos coyunturales para incrementar el gasto. Esto ha llevado a que gran parte del déficit público se haya enquistado y haya devenido estructural.
Esta situación de desequilibrio de las cuentas públicas lastra el crecimiento, las oportunidades y la generación de empleo al encarecer las condiciones de financiación para el conjunto de la economía. También desvía el crédito disponible hacia las administraciones y sitúa al país en una situación de extrema vulnerabilidad ante nuevas perturbaciones. (Pag. 30)
• Atajaremos de forma creíble el déficit estructural de las cuentas públicas y cumpliremos la senda de consolidación fiscal que marcan nuestros compromisos con los socios europeos. Reorientaremos el gasto público hacia los servicios esenciales de bienestar y el gasto productivo. (Pag. 30)
• Reforzaremos las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria. (Pag. 32)
• Crecimiento sin empleo no es recuperación. (Pag. 37)
• Avanzaremos en la liberalización y reforzaremos la competencia en los mercados de electricidad y de hidrocarburos. (Pag. 46)
Claro que el programa del PSOE con el que ganaron las Elecciones de 2008 (Motivos para creer), no le va a la zaga:
• En concreto, los socialistas nos fijamos los siguientes objetivos para la próxima legislatura: - Crear 2 millones de nuevos empleos. - Aumentar la tasa empleo media por encima del 70% (que será del 60% para las mujeres) alcanzando así el objetivo de Lisboa. - Reducir la tasa de desempleo hasta situarla en el entorno del 7%. - Reducir la tasa de temporalidad hasta el 25%. (Pag. 22)
• Elaboraremos, en colaboración con todas las Administraciones y agentes del sector, un nuevo Plan Estatal de Vivienda que impulsará la promoción de 1.500.000 nuevas viviendas protegidas en los próximos diez años, 900.000 de ellas destinadas a la compra y 600.000 al alquiler. (Pag. 83)
• Asumimos el compromiso de buscar soluciones profesionalizadas a los problemas de salud geriátricos potenciando la implantación de los cuidados de geriatría en el Sistema Nacional de Salud, asegurando la coordinación con la atención primaria. (Pag. 93)
Todo ello por poner solamente algunos ejemplos de incumplimiento de los programas electorales, que se supone que son un contrato que ofrece un partido político y al que se adhieren los ciudadanos que lo desean.
2. En segundo lugar, las decisiones que toman los partidos no se han generado de forma democrática, mediante un debate interno, sino que son producto de la voluntad de la oligarquía que dirige el partido.
3. En tercer lugar, los militantes no tienen ninguna participación en la confección de las listas. Los candidatos son elegidos por procesos y procedimientos internos, de dudoso comportamiento democrático, primando más, la cercanía con quienes ostentan el poder que por la capacidad, idoneidad o méritos del candidato, Y esto en cualquier nivel de la designación, que no elección.
4. En cuarto lugar, los partidos dejan de representar a sus electores cuando les invade la corrupción o su financiación es irregular, demostrando que existe una clara impunidad para muchos de ellos.
5. En quinto lugar, es bastante más sencillo reducir las discusiones a quién va a ir de candidato y en qué puesto. Lo de menos es qué piensa o qué dice el candidato sobre estos grandes temas; probablemente porque ni dice ni piensa nada más allá del argumentario que tenga a bien proporcionarle el partido. No hay que extrañarse de que la gente desconfíe de programas y promesas electorales. Así que el debate electoral se centrará más en las personas que en las ideas.
6. Finalmente, los diputados y senadores están obligados en prácticamente todas las votaciones a mantener disciplina de voto, y en algunos partidos hay estipuladas incluso sanciones económicas para aquellos que no lo hacen. Los supuestos representantes de la ciudadanía hace mucho tiempo que no la representan. Los grandes partidos se han blindado para que no sea así. Quien rompe la disciplina, quien escucha a los ciudadanos, quien se opone al abuso, es represaliado y no sale en la foto. Resulta difícil argumentar que una democracia política funciona bien si es inexistente en el interior de los partidos.
Consecuencia de esta situación es que el poder dentro del Estado ha recaído de forma asfixiante en manos de unos partidos que desde hace años monopolizan el acceso de los individuos al Estado y la representación del interés general.
Para lograrlo monopolizan los instrumentos más operativos de acción social: la Administración Pública en primer término y luego los medios de comunicación social, la educación y la cultura, el sector público económico y, por descontado, sus organismos de control.
Los partidos se aseguran el control de la Administración Pública mediante cargos de confianza que libremente ellos designan en detrimento de los funcionarios de carrera que han accedido a la misma por su mérito y capacidad, verificadas en oposiciones públicas. A continuación, resulta fácil adueñarse del resto de las ramas de la Administración por la relación de jerarquía en la misma, y domesticar a la sociedad mediante ayudas, subvenciones, licencias y permisos en el ámbito de la empresa, las asociaciones, la cultura y los medios de comunicación. Y en la apropiación de las principales instituciones del Estado por parte de los partidos políticos está la base de la corrupción que caracterizada a nuestro sistema.
Partidos convertidos en grandes empresas, que premian la obediencia, cuajados de casos de corrupción a todos los niveles, que negocian con las grandes empresas como bancos, eléctricas o medios de comunicación para obtener apoyos y dinero, mediante oscuros sistemas de financiación, condonaciones de préstamos y favores de todo tipo a cambio de favores cuando llegan al poder.
DEBE EXISTIR ALGÚN SISTEMA POR EL QUE LOS PARTIDOS ESTÉN OBLIGADOS A CUMPLIR SU PROGRAMA ELECTORAL.
La base de su poder y legitimidad debería estar en su representatividad, y ésa deriva del proceso electoral. Los Diputados y Senadores deben representar a sus electores y no a su partido político. El poder debe ser un instrumento y no un fin en sí mismo.
La solución pasa ineludiblemente por una reforma de la Ley Electoral de forma que los parlamentarios españoles representen al pueblo, ya que es éste el titular de la soberanía, en vez de representar a un partido político.
Los partidos políticos deben cumplir el Art. 6 de la Constitución (Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular…), actuando en defensa de los intereses ciudadanos y de su libertad con una ley que impida la actuación de sus representantes en beneficio propio.
El Programa Electoral de un Partido es un contrato legal entre los políticos y los votantes, libremente asumido por ambas partes por lo que debería permitirse la presentación de demandas judiciales cuando el partido incumpla sus compromisos.
Una de las opciones que se han planteado para conseguirlo es que el parlamentario tenga una oficina abierta en su circunscripción donde responda de su actuación ante todos los ciudadanos pertenecientes a la misma que lo deseen.
Una segunda sería la presentación de candidaturas uninominales en unas circunscripciones de 120.000 – 150.000 ciudadanos de la que saldría como representante un único diputado que sería conocido personalmente por sus electores y al que podrían exigir directamente responsabilidades.
Y otra alternativa sería mantener las actuales circunscripciones provinciales con listas abiertas donde el ciudadano pudiera elegir a los candidatos que considera más adecuados.
A partir de aquí las opciones se multiplican: circunscripción nacional, elecciones directas a la Presidencia del Gobierno, etc., pero lo fundamental es que cada diputado pueda expresar libremente sus opiniones en el Parlamento en vez de limitarse a respaldar las de su partido y que tenga que responder de las mismas ante sus electores.





