Política Económica

 

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Entendiendo qué es la Economía Nacional

 

 

 

La estructura económica de un país se articula en tres sectores económicos: el primario, el secundario y el terciario, también llamado sector de servicios.

En la base se encuentran siempre aquellos que trabajan en el llamado sector primario, que comprende la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería. El tiempo y la experiencia han dotado a este sector de tan alto grado de perfección que puede alimentar fácilmente a un número mucho mayor de hombres de los que se dedican a trabajar en él, por lo que produce un excedente que se cambia por dinero que, a su vez, se cambia por los instrumentos necesarios para su actividad o por aquellos “lujos” que hagan su vida más cómoda, tales como una vivienda construida por profesionales y que incluya una cocina y un cuarto de baño, agua corriente, electricidad o vestidos más finos que los que podrían fabricarse con la piel de los animales. Aunque algunos gustos pueden ser considerados vicios si por conseguirlos se perjudica la virtud o se abandona el cuidado que requieren la familia y los amigos, es más habitual que los “lujos” mencionados sean totalmente inocentes a este respecto.

En la medida que aumente el excedente producido por el sector primario se podrán alimentar mejor a aquellos que, desde el sector secundario (o de la industria transformadora), se dedican a proporcionar las herramientas necesarias como pueden ser cacerolas metálicas, menaje de cerámica, vasos de cristal, cocinas vitrocerámicas, vestidos de lino o lana, arados, tractores o abonos químicos, por poner solo unos ejemplos. Esta actividad redundará en mayor productividad del sector primario por lo que se produce una retroalimentación.

Las personas que no encuentren ocupación en cualquiera de los dos primeros sectores deberán trabajar en el sector de servicios, en el que ocupan capital importancia los funcionarios públicos: Educación, Justicia, Sanidad, Seguridad, Obras Públicas o Ejército los más significativos. También en el ámbito privado encontramos en este sector las actividades de diseño, asesoramiento o servicios personales.

Cuando un gobierno quiere aumentar el número de funcionarios tiene que crear un impuesto para poder mantenerlos. Este impuesto obliga a todo el mundo a disminuir el consumo de las cosas menos necesarias para su subsistencia y, en consecuencia, los que trabajan en producir artículos o servicios de lujo pierden su puesto de trabajo. Para poder subsistir, estas personas deben convertirse en funcionarios o vivir de la caridad pública. En ambos casos los integrantes del sector primario se ven obligados a producir más para poderlos mantener.

Puesto que no es cosa fácil ni deseable el obligar a un labrador a producir más de lo necesario sin que de esto se derive para él algún resultado que haga su vida más cómoda o agradable, el gobierno debe procurar que se mantenga un equilibrio entre el precio de los distintos artículos para seguir manteniendo los incentivos a la clase productiva. Solo de esta forma puede esperar que se produzca más a cambio del mismo dinero cuando se le incrementen los impuestos.

El sector primario debe poder obtener de su mayor productividad el dinero suficiente que le produzca alguna mejora en relación a su calidad de vida o a su vanidad, lo que llevará a un incremento de las industrias y éste, a su vez, a un incremento de quienes se dedican al sector de servicios. La mayor productividad del sector primario en relación a sus necesidades básicas no debe ser trabajo perdido, pues debe transformarse en las comodidades y el lujo que le proporcionan los otros dos sectores. Y de esta forma se producen en el país muchas más cosas de las necesarias para la propia supervivencia.

El comercio exterior permite dar salida a todos aquellos productos y servicios que no se podrían consumir en el país, a la vez que garantiza el suministro a bajo precio de las materias primas necesarias para las industrias nacionales. De esta forma se puede mantener un número muy superior de personas ocupadas en los sectores primario y secundario, lo que garantiza también el mantenimiento de un mayor número de empleados en el sector de servicios. Además el comercio exterior contribuye a perfeccionar las técnicas de las industrias dado que los fabricantes, viendo las obras de los extranjeros, se esfuerzan en su emulación, y permite el lujo doméstico.

De otro lado, cuando un país se ha adelantado a otro en el comercio internacional resulta muy difícil para este último recuperar el terreno perdido porque el primero siempre tiene la ventaja del conocimiento (know-how) y siempre tendrá la ventaja de que sus comerciantes estarán mejor surtidos de productos que pueden vender aun con menos beneficio.

Estas ventajas se contraponen al hecho de que en todo país que no tiene un comercio internacional muy extendido su mano de obra tiene un coste menor, motivo por el que la fabricación de productos se va trasladando a otros países, abandonando aquellos que se han enriquecido y trasladándose a aquellos donde tanto las materias primas como la mano de obra (y los impuestos) les resultan más baratos. En general puede decirse que la carestía de las cosas originada por la abundancia de dinero es una desventaja que ordinariamente acompaña a un comercio sólidamente establecido que le fija límites en todos los países y que pone a una nación más pobre en situación de vender más baratos al extranjero sus productos que una nación rica.

Solemos pensar que porque sea más rica una persona que doble su capital lo mismo tiene que suceder con un país, pero en realidad este aumento de las riquezas significaría que también se duplicaría el precio de cada cosa y, en realidad, todos estarían en el mismo estado que antes, lo que demuestra que la felicidad interior del Estado es indiferente respecto a la existencia de una mayor o menor cantidad de dinero.

Esto es lo que ocurre cuando el Banco Central de un país aumenta la cantidad de dinero en circulación: aumenta el coste de la mano de obra y el precio de los productos. La abundancia de dinero (no necesariamente en forma de billetes y monedas) solo es saludable si viene originada por el comercio exterior y con el respaldo de una actividad productiva dado que los países extranjeros, por efecto del cambio, venderían sus productos a precios tan baratos que nos veríamos inundados con sus mercaderías, pese a todas las restricciones que pudiéramos imponer, con lo que nuestro exceso de dinero saldría del país hasta que fuéramos bajando los precios al nivel de los extranjeros con lo que quedaríamos en una situación peor a la inicial pues el efecto de falsa riqueza generado por la abundancia del dinero no tardaría en desaparecer mientras que la riqueza real de la nación se habría trasladado al extranjero. Por este motivo España no ha podido conservar todo el dinero que los galeones le han traído de las colonias americanas.

En cambio cuando la abundancia de dinero procede del comercio con el extranjero, aunque tiene los mismos efectos de subir el coste de la mano de obra y, por lo tanto, del producto final, también supone un incentivo para aumentar la industria y la mano de obra ocupada en una nación, que es en lo que consiste el poder y la riqueza.

También es evidente que el precio de cada cosa depende de la proporción entre la cantidad de producto que se pone a la venta y el dinero en manos de quienes lo quieren comprar. Si se multiplica la cantidad de producto éste se venderá más barato y si, por el contrario, multiplicamos el dinero en circulación se encarecerán los productos, y viceversa. Esto demuestra que el precio de las cosas depende menos, hablando en términos absolutos, de la cantidad de productos a la venta y del dinero que hay en un país, que de los productos que realmente se venden y del dinero que en realidad circula. Si los productos permanecen en los almacenes es lo mismo que si no existieran y si el dinero permanece en las cajas fuertes de los bancos es como si se hubiera destruido y como esta clase de dinero y de productos nunca llegan, por definición, a intercambiarse, la abundancia o escasez de cada uno de ellos no influye en el otro.

Si, por un casual, en un país dejara de circular una parte de su dinero veremos que el resultado inmediato sería la atracción de una suma igual de todos los países vecinos debido al aumento de valor del dinero en circulación. Un Estado mal organizado gasta sus riquezas en proyectos inútiles y mal concertados resultando que al mismo tiempo destruiría lo que aún es más importante: su industria y gran número de ciudadanos que se verían obligados a emigrar al extranjero.

Realmente un Estado que pierde su comercio, su industria y gran número de ciudadanos nunca puede presumir de conservar sus reservas de oro, plata y divisas dado que éstas están siempre en proporción con aquellas circunstancias.

Actualmente tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos plantean diez fórmulas para la recuperación económica de los países afectados por la crisis económicas y financieras, que son conocidas como “Consenso de Washington” en los términos siguientes:

1.    Disciplina en la política fiscal, controlando los déficits en relación al P.I.B.

2.    Reducir el gasto público puro para destinar sus fondos a las inversiones en servicios públicos.

3.    Reformar los impuestos para que los paguen más personas y con reducción de los porcentajes aplicados, reduciendo los importes a pagar por cada ciudadano.

4.    Tipos de interés acordes con el mercado y positivas en términos reales para fomentar el ahorro.

5.    Tipos de cambio para su moneda que resulten competitivos para sus industrias.

6.    Eliminación de las restricciones al comercio internacional.

7.    Liberación de las restricciones a la inversión extranjera directa.

8.    Privatización de las empresas estatales que no resulten ser estratégicas para el país.

9.    Abolición de regulaciones que impidan la competencia en los mercados.

10.  Seguridad jurídica para los derechos de propiedad.

 

 

 

(Basado en la obra Discursos Políticos de David Hume, publicada en 1752)

 

 

La sociedad

QUÉ REPRESENTA VIVIR EN SOCIEDAD

 

 

 

No resulta infrecuente ver que se confunden los términos antisocial y antisistema. El primero se refiere a una persona contraria a vivir en sociedad mientras que el segundo rechaza vivir en determinado tipo de sociedad. Así algunos antisistema rechazan vivir en una sociedad consumista, otros en una sociedad comunista, etc.

 

 

-          Los hombres tienen una propiedad privada que es producto de su trabajo.

 

Al hombre se le reconoce propietario del producto del trabajo físico o intelectual que ha realizado. Así, aunque el agua de una fuente sea de dominio público la que está en el cántaro solo pertenece a quien lo ha llenado, precisamente porque ha invertido un trabajo en hacerlo. Es el trabajo lo que da derecho a la propiedad, y no los supuestos derechos de los alborotadores.

 

 

-          Los hombres están obligados por la propia Naturaleza a proteger su propiedad, incluyendo su vida y su libertad. Por consiguiente se le reconocen dos poderes.

 

El hombre tiene la obligación de proteger su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes, frente a los daños y las amenazas de otros hombres y en el grado que la ofensa merezca llegando, incluso, a la pena de muerte si la atrocidad del crimen así lo requiere. Cualquier sociedad política tiene el poder y la obligación de proteger la propiedad de sus integrantes y, para lograrlo, el de castigar las ofensas de los miembros de dicha sociedad, por lo que resulta preciso que todos y cada uno de los miembros de dicha sociedad hayan renunciado a su derecho a la venganza y lo hayan cedido a manos de la comunidad en todos los casos en que no esté imposibilitado para pedir protección de la ley.

Fuera de la sociedad un hombre posee dos poderes:

1.       Hacer todo lo que le parezca oportuno para la conservación de sí mismo y de otros, dentro de lo que le permite la naturaleza, y

2.       Castigar todas las ofensas que se le hagan.

 

 

-          Uniéndose en sociedad el hombre goza de diversos beneficios.

 

La libertad de un hombre que vive en sociedad es la de no estar bajo más poder que el de  aquellas leyes que hayan sido dictadas por el poder legislativo (el Parlamento) de acuerdo con la misión que le hemos confiado.

Siendo cierto que un hombre se hace siervo de otro al venderle, por cierto tiempo, el servicio que se compromete a hacer a cambio del salario que va a recibir, y que esto le somete a la disciplina del otro, solo da al amo un poder pasajero sobre él, y exclusivamente dentro de los límites del contrato establecido entre ambos.

Y así, cada hombre, al consentir con otros en la formación de un cuerpo político bajo un solo gobierno, se pone a sí mismo bajo la obligación, con respecto a todos y cada uno de los miembros de ese cuerpo, de someterse a las decisiones de la mayoría y a ser guiado por ella.

 

 

-          Antes de integrarse en la sociedad debe renunciar a sus dos poderes.

 

De lo anterior se deduce que el principal fin que lleva a los hombres a unirse en Estados y a ponerse bajo un gobierno, es la preservación de su propiedad, cosa que no podían hacer fuera de la sociedad por faltarles muchas cosas. Para ello debe renunciar a sus poderes de hacer lo que le parezca oportuno y castigar por sí mismo el daño sufrido.

Y así el Estado se origina mediante un poder que establece cuál es el castigo que corresponde a las distintas faltas de aquellos que piensen que merece la pena cometerlas; éste es el poder de hacer leyes, y a él debe añadirse el poder de castigar cualquier daño que se le haga a un miembro de la sociedad. Otro de sus poderes es el de hacer la guerra y la paz. Y ambos poderes están encaminados a la preservación de la propiedad de todos los miembros de esa sociedad, hasta donde sea posible.

 

 

 

-          Los peligros para la supervivencia de la sociedad se encuentran en sus organismos políticos.

 

La seguridad del Estado no se encuentra nunca garantizada y son frecuentes las intromisiones de fuerzas extranjeras que intentan imponerse sobre los miembros de la comunidad porque de esta forma, al no ser capaces los ciudadanos de mantenerse a sí mismos como un ente único e independiente, cesa la unión que daba cohesión a ese ente.

Claro que también hay causas internas que pueden destruir la labor de gobierno de la nación. La primera de ellas es cuando el poder legislativo se descompone, porque la esencia de la sociedad es tener una sola voluntad y el poder legislativo es quien expresa dicha voluntad. La constitución del poder legislativo es el acto primero y fundacional en la creación de una sociedad y, por ese acto, se asegura la continuidad de la unión de sus miembros bajo la dirección de determinadas personas y que se cumplan las leyes que han sido hechas por los legisladores con el consentimiento del pueblo y por encargo suyo.

La razón por la que los hombres entran en sociedad es proteger su propiedad. Y el fin que se proponen al elegir y autorizar a los miembros de la legislatura es que se hagan leyes y normas que sean como salvaguardas y barreras que protejan las propiedades de todos los miembros de la sociedad, para así limitar el poder y moderar el dominio que cada miembro o parte de esa sociedad pueda tener sobre los demás. Nunca podría suponerse que lo que la sociedad quiere es que la legislatura tenga el poder de destruir lo que cada miembro quiso asegurar al entrar en sociedad; eso sería contrario a la razón por la que el pueblo se sometió a los legisladores que él mismo estableció.

Siempre que los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo, o intentan reducir al pueblo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos en un estado de guerra con el pueblo, el cual, por eso mismo, queda absuelto de prestar obediencia, y libre para acogerse al único refugio que Dios ha procurado a todos los hombres frente a la fuerza y la violencia y cuando alguien a quien el pueblo no ha designado para ello asume la función de hacer leyes, las estará haciendo sin autoridad; y, por consiguiente, el pueblo no estará obligado a obedecerlas. De este modo, los súnditos vuelven a ser libres de constituir un nuevo poder legislativo que sea de su gusto, disfrutando de absoluta libertad para resistir la fuerza de quienes, sin autoridad, quieran imponerles alguna cosa.

Por lo tanto, siempre que el poder legislativo viole esta ley fundamental de la sociedad, y ya sea por ambición, por miedo, por insensatez o por corrupción, trate de acumular excesivo poder o de depositarlo en manos de cualquier otro, es decir, un poder sobre las vidas, las libertades y los bienes del pueblo, estará traicionando su misión; y, por ello mismo, estará trocando el poder que el pueblo puso en sus manos, por otro con fines distintos. Y al hacer esto, estará devolviendo al pueblo el poder que éste le dio, y el pueblo tendrá entonces el derecho de retomar su libertad original y el de establecer un nuevo cuerpo legislativo que le parezca apropiado y que le proporcione protección y seguridad, que es el fin que perseguía al unirse en sociedad.

Hay otra manera de que se descomponga un Estado, y es cuando el que tiene el supremo poder ejecutivo descuida o abandona ese cargo, de tal modo que las leyes que ya han sido hechas dejan de ponerse en ejecución. Esto resulta en una total anarquía que equivale a una completa disolución del gobierno. Porque las leyes no se hacen para sí mismas, sino para ser, mediante su ejecución, los lazos que sujetan a la sociedad y que mantienen en su lugar y función a cada miembro del cuerpo político. Cuando esa ejecución cesa por completo, el gobierno también desaparece, y el pueblo degenera en una multitud confusa, sin orden ni conexión. Allí donde no hay administración de justicia para asegurar los derechos de los hombres, y donde tampoco queda un poder dentro de la comunidad para dirigir la fuerza de ésta y abastecer las necesidades de los ciudadanos, tampoco hay, ciertamente, gobierno alguno. Allí donde las leyes no se pueden ejecutar, es lo mismo que si no hubiera leyes; y un gobierno sin leyes es un misterio en política, inconcebible para la capacidad humana e inconsistente con la humana sociedad.

Aún hay más formas de que una nación se descomponga: si algún hombre, de cualquier condición que sea, está exento de las reglas de la sociedad civil, y sus conciudadanos ven que no hay nadie en este mundo a quien puedan apelar frente a los daños que reciben de ese hombre, tan pronto como puedan lo expulsarán de su propia sociedad y, mientras tanto, procurarán protegerse de él porque en una sociedad civil ningún hombre puede estar exento de las leyes que la rigen, dado que cuando un número cualquiera de hombres, con el consentimiento de cada individuo, ha formado una comunidad, ha hecho de esa comunidad un cuerpo con poder de actuar corporativamente, lo cual solo se consigue mediante la voluntad y determinación de la mayoría. Porque como lo que hace actuar a una comunidad es únicamente el consentimiento de los individuos que hay en ella y es necesario que todo cuerpo se mueva en una sola dirección, resulta imperativo que el cuerpo se mueva hacia donde lo lleve la fuerza mayor, es decir, el consenso de la mayoría.

En estos casos, y en otros parecidos, en los que el gobierno queda disuelto, el pueblo es dejado en libertad para valerse por sí mismo y para erigir un nuevo poder legislativo diferente del otro, ya sea por un cambio de personas o de sistema, o de ambas cosas, según al pueblo le parezca mejor para su propia seguridad y su propio bien. Porque la sociedad nunca puede, por culpa de otro, perder su nativo y original derecho de preservarse a sí misma, lo cual solo puede hacerse mediante el establecimiento de un poder legislativo y una justa e imparcial ejecución de las leyes por él dictadas.

Otro caso es cuándo el Jefe de un Estado se hace dependiente de otro, y somete el país que sus antecesores le dejaron, y el pueblo libre que fue puesto en sus manos, al dominio de otro. Pues aunque quizá no sea su intención perjudicar al pueblo, pierde, al entregarlo, la parte principal de su dignidad real, es decir, el ser, dentro de su reino, la persona suprema después de Dios; y también, porque ha traicionado a su pueblo, cuya libertad él debía de haber preservado, al entregarlo al poder y dominio de una nación extranjera. Por así decirlo, en virtud de esta alienación de su reino, el rey pierde el poder que tenía antes, sin haber transferido el menor derecho a aquél a quien se lo ha entregado.

 

 

-          La principal obligación de los ciudadanos es la defensa de su sociedad.

 

Todo el mundo está de acuerdo en que tanto los súbditos como los ciudadanos extranjeros que atentan contra las propiedades de un pueblo valiéndose de la fuerza, pueden ser resistidos por la fuerza. Pero que a los magistrados que hacen eso mismo pueda también resistírseles por la fuerza, es algo que ha sido negado en estos últimos tiempos, como si quienes por ley tuvieran los mayores privilegios y ventajas, tuvieran por ello el poder de violar esas leyes que precisamente los colocaron en una situación mejor que la de sus hermanos. Mas lo cierto es que las ofensas cometidas por estos magistrados han de ser más graves, tanto por la ingratitud, de los mismos, como por haber recibido más de la ley y por defraudar la confianza que sus hermanos depositaron en ellos.

Los humanos prefieren, con abrumadora mayoría, vivir en sociedad por tres motivos:

1.       La protección que le otorga una ley establecida, fija y conocida,

2.       La existencia de un juez público e imparcial, con autoridad para resolver los pleitos que surjan entre los hombres, según la ley establecida, y

3.       La existencia de un poder que respalde y dé fuerza a la sentencia cuando ésta es justa, a fin de que se ejecute debidamente.

 

 

Basado en la obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke (1689)

LA JUSTICIA

 

 

 

LA JUSTICIA

 

 

 

Es condición indispensable para que exista democracia el derecho de todos los ciudadanos a hacer valer sus derechos en términos de igualdad con otros y mediante los procedimientos legales.

De hecho la Constitución española recoge en su artículo 1 como valores supremos de las leyes hispanas la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No deja de expresar con otras palabras los ideales de la Revolución Francesa: “Igualdad, Libertad y Fraternidad”.

Resulta triste ver que en la propia Constitución se vulnera el principio de igualdad al dejar fuera de la misma al Rey, que no está sujeto a responsabilidad (Art. 56.3) y a los Diputados y Senadores, que no pueden ser inculpados ni procesados salvo que lo autorice la Cámara respectiva (Art. 71.2).

Tampoco otras leyes posteriores cumplen con dichos principios filosóficos. Así la Ley Electoral de 1985 adjudica un mínimo de dos diputados a cada provincia (Art.162) lo que origina que mientras en la provincia de Soria un diputado representa a 45.000 habitantes, en la de Madrid le corresponden 180.000 mientras que el voto de los dos tiene el mismo valor en el Congreso de los Diputados. También exige un mínimo del 3% de los votos emitidos para tener derecho a escaño y establece el reparto de escaños siguiendo el Sistema D’Hondt, que penaliza a los partidos menos votados (Art. 163).

Por si no fuera suficiente en el año 2011 se modifica la Ley Electoral para incluir en ella la prohibición de publicar los resultados de los sondeos electorales por cualquier medio de comunicación en los cinco días anteriores a la votación (Art. 69) y para exigir a quienes concurran con una nueva candidatura la presentación de un aval con la firma de, al menos, un 1% de los inscritos en el censo electoral, no pudiendo cada elector presentar su firma a más de una candidatura (Art. 160.3). La defensa de la pluralidad de opciones políticas no parece estar planteada en unos términos de justicia.

Aunque tampoco puede extrañarnos que se vulnere de forma tan evidente el primer artículo de la Constitución por cuanto está en duda la propia legalidad de la misma, dado que solo una asamblea constituyente cuenta con el poder y la facultad para dictar o cambiar estas normas que regirán el funcionamiento del sistema político y social de un territorio y debe disolverse al finalizar su objetivo. Este poder les es delegado por quien lo puede hacer: el pueblo ciudadano, que es el soberano. En España tras la muerte de Franco no se han convocado unas Cortes Constituyentes con el mandato expreso de redactar una Constitución. Y, por supuesto, las Cortes elegidas el 15 de Junio de 1977 no eran Cortes Constituyentes sino que usurparon tal condición.

Quienes defienden la legalidad de la Carta Magna lo hacen bajo el argumento de que es el orden constitucional que nos hemos dado todos los españoles mediante la aprobación de su texto en el referéndum del 6 de Diciembre de 1978 en el que se planteaba a la ciudadanía la siguiente pregunta:

¿Aprueba el Proyecto de Constitución?

El resultado fue positivo con el 82,78% de los votos y una participación del 58,97% del censo electoral.

Quienes defienden este punto de vista no caen en la cuenta de que con ese argumento están legitimando también la Dictadura del General Franco, quien alcanzó la Jefatura del Estado a consecuencia de triunfar en una Guerra Civil. Y esto es así porque el General Franco fue ratificado en su puesto de Jefe del Estado con carácter vitalicio a resultas del referéndum celebrado en España el 6 de Julio de 1947 en el que se sometía a la ratificación de los ciudadanos la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado por la cual España se constituía en Reino (Art. 1), la jefatura del Estado correspondía al General Franco (Art. 2) y éste podía proponer a las Cortes la persona que debía ser llamada a sucederle cuando estimara oportuno (Art. 7). El resultado fue positivo con el 93% de los votos y el 89% de participación Si consideramos legal la aprobación de una Ley por medio de un plebiscito debemos ser consecuentes y aplicar el mismo principio en todos los casos.

Lo cierto es que dictadores de todas clases han apelado a los plebiscitos (aquí mal llamados referéndums) para dar una apariencia de legitimidad a procedimientos ilegales y antidemocráticos, y al ejercicio espurio del poder dado que el procedimiento es fácilmente distorsionable a través de la propaganda y manipulación electoral. En el caso de Franco, tras ocho años de cruel represión el pueblo estaba atemorizado y la propaganda electoral hizo el resto. En 1978, llevábamos cinco años de atentados de ETA (asesinato del almirante Carrero Blanco en 1973) o del FRAP (asesinato de los policías Juan Antonio Fernández Gutiérrez  en Madrid y Francisco Jesús Anguas Barragán en Barcelona). En 1975 se había unido a las actividades terroristas los GRAPO (cuatro miembros de la Policía Armada en Madrid), en 1976 los Guerrilleros de Cristo Rey comenzaron sus actividades matando al estudiante Carlos González Martínez, y el 24 de Mayo de 1978 (seis meses antes del referéndum) entra en acción el Batallón Vasco Español matando al taxista de Irún José Martín Merquelanz Sarriegui. Todo ello unido a la exigencia de Falange Española para culminar la llamada “Revolución Pendiente” y las actividades de ultraderecha del partido de Blas Piñar, Fuerza Nueva, que reivindicaba una nueva dictadura. Los medios de comunicación se encargaron de difundir la propaganda oficial en torno al temor de una repetición de la Guerra Civil. Exactamente igual que en 1947.

Sería bueno para España y la convivencia de los españoles la modificación en profundidad de la Ley Electoral para cumplir el mandato de la actual Constitución que en su Art. dice que la estructura y el funcionamiento de los partidos políticos han de ser democráticos y conseguir que los parlamentarios (diputados y senadores) rindan cuentas a sus representados y no al líder de su partido político. Al menos deben tener la posibilidad de expresar sus propias opiniones en el Parlamento en vez de limitarse a votar siguiendo las instrucciones de su jefe de filas porque para eso no necesitamos 360 diputados. Nos bastaría con uno de cada partido el peso de cuyo voto fuera equivalente al porcentaje de votos recibidos en el territorio nacional. Ahorraríamos mucho dinero y el resultado de las votaciones en el Parlamento sería el mismo.

Y, por supuesto, dada la madurez política demostrada por los españoles se debe corregir el error constitucional convocando elecciones a Cortes Constituyentes para que elaboren una nueva Constitución que debe ser debatida y aprobada punto por punto por los ciudadanos, porque la democracia debería ser la elección entre diversos puntos de vista y no limitarnos a aprobar o reprobar una sola postura política.