El Estado del Bienestar

 

 

 

 

Se entiende por Estado del Bienestar la redistribución de la renta mediante los impuestos para conseguir que todos los ciudadanos alcancen un mínimo en su calidad de vida. Es una figura típicamente europea y se ejerce de cuatro formas distintas:

1.       En forma de dinero para pagar las pensiones, el desempleo y situaciones asimiladas,

2.       Financiando la educación primaria y secundaria a toda la población y las becas a los intelectualmente más capaces,

3.       Dando cobertura a los riesgos sanitarios de los ciudadanos,

4.       Suministrando comida, alojamiento y servicios sociales a quienes no se los pueden proporcionar a sí mismos.

El sustento ideológico proviene del cristianismo y, en concreto, de dos fuentes principales:

-          Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma (Segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses 3:10).

-          ¡Liberen a los afligidos y a los necesitados! ¡Pónganlos a salvo del poder de los impíos! (Salmo 82.4)

Sus inicios en Europa se remontan al reinado de Federico Guillermo I de Prusia quien en 1717 decretó la enseñanza obligatoria para todos los niños hasta los trece años de edad. En 1884 el Canciller Bismarck creó en Alemania el seguro social para la vejez y en 1942 se publica en Gran Bretaña el Informe Beveridge que supone el nacimiento de la Seguridad Social tal y como hoy la conocemos.

En España la educación obligatoria y gratuita se inicia a partir de 1857, año en que se publica la Ley de Instrucción Pública, en 1944 se aprueba la Ley de Bases de Sanidad Nacional que establece las Mancomunidades sanitarias a nivel provincial encargadas de la financiación de la sanidad pública y en 1963 se aprueba finalmente la Ley de Bases de la Seguridad Social que ya supone el inicio del Estado del Bienestar.

El Real Decreto-ley 36/1978 establece que las prestaciones económicas de la Seguridad Social dependerán del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) mientras que la administración y gestión de los servicios sanitarios corresponden al INSALUD (hoy INGESA). Y, finalmente la Ley 14/1986 en su art. 46.d establece que la financiación de las obligaciones sanitarias se realizará mediante recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios. Las pensiones contributivas y los subsidios por desempleo serán financiados por las cotizaciones a la Seguridad Social mientras que las no contributivas y los complementos a mínimos serán financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Solo a efectos de orientación podemos decir que España dedica unos 278.000 millones de euros anuales a la financiación del Estado del Bienestar de los cuales al Estado le corresponden 13.160 millones de las pensiones no contributivas (1), 61.710 millones de Sanidad (2) y 44.974 millones de la Educación (3)) y a la Seguridad Social le corresponden 132.750 millones de euros para las pensiones contributivas (1) y 25.175 millones del Subsidio de Desempleo (1).

(1)    Según Presupuestos Generales del Estado para 2016,

(2)    Según la Estadística del Gasto Sanitario Público correspondiente a 2013.

(3)    Gasto en 2015 según las estadísticas del gobierno.

A estos gastos habría que sumar otras cantidades menores como los 92 millones dedicados a la ayuda alimentaria cofinanciados por el Fondo de Ayuda Europea a las Personas más Desfavorecidas y el FEGA, y las distintas ayudas concedidas por los Municipios.

El sistema se muestra ineficiente pese a todas las reformas a que ha sido sometido desde su creación debido, precisamente, a la diferencia social entre la Europa del siglo XIX y la del siglo XXI. El ciudadano fue convertido en receptor de unos beneficios y servicios diseñados por las élites políticas y tecnocráticas, sin ninguna posibilidad de adaptarlos a sus propias necesidades ni de elegir alternativas, a no ser que las pague de su bolsillo. Se limita a ser el eslabón final de una cadena de decisiones que consideran a la sociedad como algo homogéneo.

El resultado ha sido la creación de grandes sistemas de servicios públicos con su centralización jerárquica, sus planificaciones tecnocráticas, su cadena de mando vertical y sus productos estandarizados que, además, al tratarse de un sector en el que ejerce el monopolio de su actividad, se ha mantenido con un modelo organizativo de una eficiencia cuestionable, de lo que es un claro ejemplo la endogamia de la Universidad o la dependencia de un funcionariado con empleo de carácter vitalicio, que vienen a suponer las mayores trabas a su modernización.

Al ingente número de funcionarios contratados para administrar las parcelas del Estado del Bienestar se le ha añadido otros muchos que no solo no realizan ninguna labor productiva sino que ni tan siquiera tienen la obligación de acudir al centro de trabajo y, en cambio, perciben un salario del Estado. Son los beneficiarios de los Subsidios de Desempleo que alcanzaban la cifra de 2.160.000 personas a Julio de 2015.

Dado que la función del gobierno debería limitarse a asegurar la existencia misma de los servicios y controlar la calidad de los servicios ofertados facilitando al ciudadano plena información sobre los resultados de los distintos servicios prestados, públicos o privados unido a establecer un régimen de competencia entre ellos en igualdad de condiciones donde la iniciativa privada reciba la misma financiación y se rija por las mismas reglas básicas de funcionamiento que la iniciativa pública, sería lógico adoptar algunas medidas como las siguientes:

ENSEÑANZA OBLIGATORIA

El sistema educativo está basado en centros públicos y de aquellos que han sido concertados por el Ministerio de Educación, y la asistencia de alumnos a cada uno de ellos se establece por decisión administrativa basada en el domicilio del alumno. Sería oportuno facilitar al alumno la libre elección de centro en función de sus propios intereses entre todos los centros escolares existentes, estén o no concertados.

La financiación de la enseñanza pública no tiene por qué cambiar en cuanto al importe, no siendo así en cuanto a la forma que sería mediante la entrega a todos los alumnos de un cheque escolar con el que pagarían su educación al centro libremente elegido.

De esta forma las distintas escuelas y colegios se abrirían a un sistema de competencia que redundaría en una mejora del nivel de enseñanza actual. El control de la calidad de la enseñanza recibida sería responsabilidad de una Junta Escolar formada por una delegación de los padres de los alumnos y de técnicos del Estado.

SANIDAD PÚBLICA

De la misma forma que en lo referido a la Enseñanza debemos hablar del cheque de asistencia médica, fórmula ya empleada por los servicios privados de salud.

Se trata de que el paciente acuda al médico de su elección, al que pagaría la consulta con el citado cheque que le sería reembolsado al facultativo por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Lo mismo ocurriría si tuviera que ingresar en un centro hospitalario al que el INGESA abonaría los mismos importes que viene abonando por el mismo servicio a los hospitales públicos. En este caso en control de la calidad estaría a cargo del Servicio de Inspección Médica que elaboraría sus informes con carácter público y a disposición de todos los ciudadanos.

SISTEMA DE PENSIONES

El sistema español de pensiones se define como colectivo y de reparto, dado que el importe de las pensiones percibidas se corresponde con las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social por los trabajadores en activo y por las empresas

La Ley 28/2003 ha creado un Fondo de Reserva de la Seguridad Social para asegurar el cobro de las pensiones frente a una, en aquel momento hipotética y posteriormente confirmada, caída en la recaudación. Es la conocida hucha de las pensiones. Para la gestión de este Fondo se han creado numerosos organismos (Comité de Gestión, Comisión Asesora, Comisión de Seguimiento, Unidad Administrativa) cuyos costes no son conocidos públicamente y a los que hay que sumar las comisiones pagadas por la intermediación en la compra y venta de activos financieros más los gastos de administración de los mismos. En el caso de la Comisión de Seguimiento tenemos la presencia de cuatro representantes de las centrales sindicales y otros cuatro de las organizaciones empresariales más los representantes de distintos ministerios (15 personas en total) con la única obligación de reunirse una vez cada seis meses.

Se hace preciso complementar el sistema actual con otro individual y de capitalización que actualmente está restringido a quienes puedan permitirse detraer de su salario mensual el dinero necesario para dotar su plan de pensiones o a quienes se lo dote su empresa como pueden ser los parlamentarios o los ejecutivos de las empresas cotizadas.

De esta forma la pensión procedente del fondo de reparto, cuyo importe habría que calcular (aunque podemos estimar como punto de partida que sería equivalente al Salario Mínimo Interprofesional), sería financiada por los Presupuestos Generales del Estado en vez de las cotizaciones a la Seguridad Social. De esta forma se procedería a una mejor redistribución de la renta al participar las rentas del capital en esta financiación, cosa que actualmente no hacen. Y la parte de capitalización sería variable en función del ahorro realizado a lo largo de su vida por el trabajador.

Esto significaría el fin de las cotizaciones sociales y el incremento de los impuestos en la cuantía necesaria para compensarlas.

DESEMPLEO

Mantener a más de dos millones de personas sin que a cambio produzcan algún bien o servicio es un lujo que España no se puede permitir, máxime cuando los otros dos millones que son alimentados con las donaciones de los Bancos de Alimentos, repartidos por la Cruz Roja o entregados a los comedores sociales no evitan que haya niños con una insuficiente alimentación.

Cada país europeo ha afrontado esta situación según su propia cultura pero la actuación más conocida han sido los mini jobs de Alemania. Se trata de contratos de 400 euros mensuales de remuneración y máximo 15 horas de trabajo a la semana que están funcionando en Alemania desde 2003 y que han servido en este país para mantener activa la economía durante la crisis.

Según reveló el diario EL MUNDO, el BCE habría remitido en Agosto de 2011 una carta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la que le instaba a  implantar en España la fórmula de los mini jobs. Esta actuación supuso la reforma laboral de Mariano Rajoy de Febrero de 2012, por todos conocida y que cuatro años después no ha conseguido bajar del 20% la tasa de desempleo en España, por la sencilla razón de que la industria española es incapaz de absorber los cuatro millones de parados si no se consiguen aumentar las exportaciones mediante la apertura de nuevos mercados, labor para la que se requiere la colaboración absoluta de los agregados comerciales de las distintas embajadas. Como esta colaboración no produce los resultados apetecidos, las empresas no aumentan su producción ni, en consecuencia, el número de trabajadores.

Sería más lógico acudir a otras iniciativas europeas mucho más acordes con la realidad económica española. Quizás la más significativa sea la Declaración de Cork: “Un Campo Vivo”, emitida por la Conferencia Europea sobre el desarrollo rural con fecha 9 de noviembre de 1996 y que propone lo siguiente:

1.       El objetivo es invertir la emigración rural, combatiendo la pobreza, estimulando el empleo y la igualdad de oportunidades, y respondiendo a las crecientes solicitudes de mayor calidad, sanidad, seguridad, desarrollo personal y ocio, y mejorando el bienestar rural. La necesidad de preservar y mejorar la calidad del medio rural debe integrarse en todas las políticas comunitarias que se refieran al desarrollo rural. Debe haber un equilibrio más justo entre las áreas rural y urbana en lo referente al gasto público, inversiones en infraestructuras y educación y servicios sanitarios y de comunicaciones.

2.       La diversificación de la actividad económica y social debe basarse en la creación de un marco para las iniciativas privadas y locales autofinanciadas: inversión, asistencia técnica, servicios empresariales, infraestructura adecuada, educación, prácticas, integrando los avances de la tecnología de la información, reforzando el papel de las pequeñas ciudades como parte integrantes de las zonas rurales y factores clave de desarrollo y promoviendo el desarrollo de comunidades rurales viables y la renovación de los pueblos.

3.       Debe incentivarse una mayor participación del sector bancario público y privado así como de otros intermediarios financieros.

Los montes públicos y privados en España adolecen de una falta de limpieza que se traducen en miles de hectáreas quemadas todos los años con la pérdida económica y medioambiental que este representa. Lo mismo se puede decir de las riberas de los ríos o de la conservación de los caminos rurales.

Podemos añadir la existencia de terrenos públicos que pueden ser convertidos en actividades agrícolas o forestales cuya producción sería entregada a los Bancos de Alimentos, en el caso de los productos agrícolas y directamente al mercado en el caso de la madera. De esta forma al ser de naturaleza pública el aprovechamiento no serían competencia para los productos existentes en el mercado y ayudarían a paliar las necesidades alimenticias de una parte de la población, revirtiendo el proceso de emigración de las zonas rurales hacia las ciudades.

Todo ello por el simple recurso de aprovechar la mano de obra de los desempleados a quienes ya se está pagando, y por el tiempo que a cada uno le corresponda, y de la que actualmente no se obtiene un provecho adecuado.